Las empresas de transporte por carretera operan en un entorno especialmente complejo, en el que confluyen múltiples factores legales, fiscales, laborales y logísticos. Este tipo de actividad empresarial está sometida a una regulación muy específica y cambiante, tanto a nivel nacional como internacional, lo que exige un alto nivel de conocimiento técnico y administrativo para poder funcionar de manera eficiente y legal. Por esta razón, no es casualidad que la gran mayoría de estas empresas cuenten con los servicios de una asesoría especializada, que actúa como un socio estratégico imprescindible para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la gestión del negocio.
Uno de los principales motivos por los que las empresas de transporte recurren a asesorías es la complejidad de la legislación que regula el sector. No solo deben cumplir con las normativas generales que afectan a cualquier empresa, como las obligaciones fiscales, laborales o contables, sino también con una serie de requisitos específicos vinculados al transporte de mercancías, a la seguridad vial, al control de tiempos de conducción y descanso, a los permisos de circulación o a las inspecciones técnicas de vehículos. La asesoría se encarga de interpretar, aplicar y actualizar todos estos marcos normativos, permitiendo que la empresa se centre en su actividad principal sin exponerse a sanciones o errores administrativos.
El ámbito fiscal también supone una carga importante para estas empresas, especialmente por el tipo de gastos que manejan —como el combustible, el mantenimiento de vehículos, las dietas de los conductores, los peajes o los seguros— y por las particularidades del IVA en el transporte internacional. Las asesorías ayudan a controlar estos aspectos, ofreciendo una gestión fiscal adecuada que permite aprovechar deducciones, evitar errores en las declaraciones y presentar a tiempo toda la documentación necesaria ante la administración tributaria. De esta forma, contribuyen no solo al cumplimiento legal, sino también a la sostenibilidad económica del negocio.
En el plano laboral, el transporte por carretera también presenta desafíos particulares, puesto que los conductores están sujetos a una normativa específica en cuanto a horarios, descansos, horas extras y desplazamientos, que difiere notablemente del régimen laboral general. Las asesorías ayudan a las empresas a gestionar correctamente los contratos, las nóminas, las cotizaciones a la Seguridad Social y los permisos laborales, minimizando el riesgo de conflictos laborales y asegurando el respeto a los derechos de los trabajadores. Además, en un sector donde la rotación de personal puede ser alta y los controles son frecuentes, contar con una asesoría que gestione toda esta parte con precisión se convierte en una gran ventaja.
Otro aspecto relevante es el acompañamiento en materia de licencias y autorizaciones. En concreto, desde Capellas i Associats nos explican que, para operar legalmente, las empresas de transporte necesitan obtener y renovar diversos permisos, como la tarjeta de transporte, que acredita su capacidad profesional y financiera. Este tipo de trámites requiere un conocimiento técnico y una vigilancia constante sobre los plazos, requisitos y posibles modificaciones legales. La asesoría, en este sentido, actúa como una garantía para que la empresa no pierda sus autorizaciones por descuido o mala gestión.
Además, muchas asesorías ofrecen servicios complementarios relacionados con la gestión de flotas, el control de tacógrafos, la representación ante organismos públicos o la resolución de multas de tráfico, lo que permite a las empresas delegar tareas que, de otra manera, requerirían la contratación de personal adicional o la inversión en formación específica. Esta externalización no solo resulta más económica, sino que también aporta mayor seguridad, al estar respaldada por profesionales expertos y actualizados.
¿Qué normativa regula las empresas de transporte por carretera en España?
En nuestro territorio, las empresas de transporte por carretera están reguladas por un conjunto de normativas que abordan tanto aspectos administrativos como técnicos, laborales y de seguridad. En concreto, algunas de las principales normas que rigen este sector son:
- Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Es la norma básica que regula el transporte terrestre en España. La Ley 16/1987, de 30 de julio, establece el marco legal para el transporte por carretera, incluyendo el transporte de mercancías y de viajeros. Esta ley regula aspectos clave como la obtención de autorizaciones, las condiciones de acceso al mercado, las obligaciones de los transportistas, el régimen sancionador, y la intervención de las administraciones públicas en el sector.
- Reglamento de la LOTT (ROTT). El Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, que desarrolla la LOTT y concreta muchos de sus aspectos. Detalla los requisitos para ejercer la actividad, las condiciones para obtener autorizaciones de transporte, la formación obligatoria (competencia profesional), la inspección y control, entre otros.
- Normativa de la Unión Europea. Como Estado miembro, España debe cumplir con la normativa europea en materia de transporte por carretera. Las más relevantes son:
- Reglamento (CE) 1071/2009: sobre las condiciones para ejercer la profesión de transportista (acceso a la profesión).
- Reglamento (CE) 1072/2009: relativo al acceso al mercado del transporte internacional de mercancías.
- Reglamento (CE) 561/2006: sobre los tiempos de conducción y descanso de los conductores.
- Reglamento (UE) 165/2014: sobre el tacógrafo digital en el transporte por carretera.
- Normas laborales y de seguridad social. Las empresas de transporte también deben respetar la legislación laboral española, especialmente en lo referente a jornadas, descansos, convenios colectivos del sector, y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El control del tiempo de trabajo de los conductores y su descanso está estrechamente vigilado.
- Normativa fiscal y tributaria. Como cualquier empresa, están sujetas a la normativa tributaria española, incluyendo el IVA, el Impuesto de Sociedades, y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). En el caso del transporte internacional, existen normas específicas para la devolución del IVA y la fiscalidad transfronteriza.
